JEMARBA

Cuando celebramos el día de la Constitución, indudablemente se impone no solo brindar el apoyo preciso a la vigencia de la carta magna como marco de convivencia de todos los españoles sin excepción unidos en la empresa común que es nuestra patria. Se impone también una reflexión sobre la necesidad de corregir la interpretación que se ha dado a todo el titulo VIII de la misma y a la falta de desarrollo de ciertos aspectos previstos precisamente para armonizar el estado de las autonomías.

Aunque nos repitamos, siempre insistiremos en el gran acierto que la constitución supuso en cuanto a la proclamación de toda una serie de derechos fundamentales de la persona frente a la amenaza de la arbitrariedad, siempre presente en el poder.

Pero si la gran aportación a la historia de España de la Constitución de 1978, fue ese catalogo de derechos y libertades iguales para todos, su gran fracaso, sin duda, se descubre en el la organización territorial del estado. El estado de las autonomías, se ha demostrado como incapaz de terminar con aquella lacra para cuyo remedio fue pensado. El diseño autonómico, además de una descentralización administrativa, consagró una descentralización política e incluso legislativa.

Si la primera formula puede ser beneficiosa para gestión de determinados servicios, que se acercan más a las necesidades sobre el terreno de los ciudadanos, la segunda se ha revelado como una ingente maquinaria burocrática, que ha ido engordando en competencias a cada CC.AA. y que se ha traducido en desigualdad, descoordinación y dilapidación de recursos públicos, por no hablar de poder neo-caciquil que caracteriza determinadas administraciones autónomas. Si a esto añadimos el uso torticero y desleal que de los poderes autonómicos se ha hecho en Vascongadas y Cataluña, para fomentar el separatismo político, social y cultural, nos encontramos con que, no solo el problema no se ha resuelto, sino que se ha agravado.

La desaforada transferencia de competencias a las autonomías ha ido más allá de lo recomendable, vaciando al estado de funciones esenciales para garantizar la igualdad entre todos los españoles sin que a la par se desarrollasen los mecanismos, que también prevé la constitución, para armonizar el desarrollo autonómico. Competencias, por ejemplo, sobre educación o sanidad nunca deberían haberse transferido. Una cosa en la descentralización administrativa que deje a la iniciativa regional o local la decisión de cómo usar los recursos (donde instalar un instituto o un hospital) y otra muy diferente dejar a esa iniciativa local fijar los contenidos de esos servicios, que deberían ser iguales para todos los españoles con independencia de su lugar de residencia.

El resultado es un régimen descompensado, debido a esa interpretación extrema del articulado en materia de transferencia de competencias, interpretación que convenía a todos los políticos porque así conseguían manejar más recursos, más dinero y más poder, mientras no se hacía absolutamente nada en materia armonizadora.

Se impone pues una doble tarea para corregir este error en el rumbo de nuestra constitución. Por una lado la promulgación de una Ley Orgánica de Armonización Autonómica que garantice que el desarrollo legislativo de cada autonomía nunca va a implicar una desigualdad, en ningún tipo de materia o competencia transferida, para los españoles, ya sean receptores de servicios o los funcionarios públicos que los prestan. Y por otro lado el cierre definitivo del estado de las autonomías, que acabe de una vez con las peligrosos ansias de poder de la clase política local. Hoy en España no son necesarios nuevos estatutos de autonomía ni más competencias para las CC.AA., ya tienen demasiadas. Hoy España precisa de la armonización de esas competencias y del desarrollo del poder municipal, pues mientras se han creado 17 monstruos burocráticos, se ha olvidado la verdadera última etapa de la descentralización administrativa, que son los municipios. España no necesita de más política autonómica. España precisa de más política estatal que conexione de nuevo a todos en torno a la idea de patria y de más política municipal que permita mayores cuotas de desarrollo y bienestar ciudadano.